Policías tendrán guía para actuar en situaciones de demandas por pensión alimenticia

Protocolo Policial estaría listo a finales de mayo

Patricia Salgado, representante auxiliar del UNFPA, dio la bienvenida a los participantes que revisaron la última versión del protocolo policial.

Policías tendrán guía para actuar en situaciones de demandas por pensión alimenticia

Protocolo Policial estaría listo a finales de mayo

Patricia Salgado, representante auxiliar del UNFPA, dio la bienvenida a los participantes que revisaron la última versión del protocolo policial.

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y viviendas adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este es uno de los artículos que constituyen la base legal esencial del derecho alimentario, un derecho reconocido por el Estado costarricense y que no siempre se cumple. En palabras de la abogada Ana Elena Badilla: "El tema de la deuda de pensiones alimenticias es un problema muy extendido, la cantidad de pensiones que se tramitan cada año es altísima, en promedio hay unas 10 mil. La intervención de la policía es muy importante para hacer cumplir la ley".

En este contexto, en días pasados, representantes de diversas instancias se reunieron en el Hotel Radisson en San José, para la revisión de un documento que será de gran ayuda para la Fuerza Pública, el "Protocolo Policial para la Actuación Policial en materia de Pensiones Alimentarias".

Se trata de un documento elaborado con el apoyo técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y en el que también participaron representantes de la Defensoría de los Habitantes y de diferentes instancias del Ministerio de Seguridad.

Este protocolo se ha venido realizando como parte del apoyo técnico que el UNFPA otorga al Ministerio de Seguridad Pública desde hace varios años (ver recuadro).

Según datos de autoridades judiciales, solo en el primer trimestre del 2005 se ejecutaron 1724 órdenes de apremio corporal (detección de personas que han incumplido con el pago de pensiones por deuda alimentaria), se cancelaron 1318 pensiones alimentarias y quedaron 406 sin cancelar.

Daniel Chavarría, Asesor del Despacho del Viceministro de Seguridad y Coordinador del Proyecto Uniformados, expresó que este protocolo ya se había convertido en una necesidad, pues siempre hay diferencias en el modo en que se realizan las notificaciones y las órdenes de captura, en diferentes zonas del país."Cada encargado de una zona lo hace de manera diferente, en algunos lugares es muy rápido, en otros hay mucho problema. Gracias a que el UNFPA contrató a una consultora (Ana Elena Badilla) se pudo reunir toda la información para redactar este borrador", agregó.

"La Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad -encargada de atender quejas-recibe un alto porcentaje de reclamos relacionados con el tema de las pensiones. Aunque han habido avances, aun existe mucha disparidad entre la actuación de las diferentes oficinas, por ejemplo, se dan muchas quejas debido al retraso en la gestión de las pensiones que no se notifican", explicó Ana Elena Badilla, asesora del UNFPA y encargada de sistematizar la información para la redacción del protocolo.

Ana Elena Badilla (a la derecha) fue la encargada de sistematizar la información del Protocolo Policial para la Actuación Policial en materia de Pensiones Alimentarias.

Trabajo grupal

Desde el año pasado se han realizado reuniones de consulta con funcionarios y funcionarias del ministerio, además de un grupo focal, en este caso con policías de la Delegación de Hatillo. Con base en esto se hizo un primer borrador, el cual se pasó a revisión.

La reunión en el Hotel Radisson sirvió para leer el documento, mejorar la redacción, agregar o eliminar textos y recoger todas las sugerencias e insumos de los y las participantes. Ligia Martín, directora de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes, expresó sentirse complacida por la realización de este documento. "Las instituciones que de alguna forma apoyen actividades en beneficio de los derechos de las mujeres siempre tendrán nuestro apoyo", dijo.

La idea es contar de aquí a un mes con un protocolo que estandarice el procedimiento en el área rural y urbana, para delegaciones grandes y pequeñas. Entre otras cosas, que se siga un mismo procedimiento para notificar las demandas de pensiones alimenticias y para la ejecución de las órdenes de apremio corporal para el allanamiento de viviendas, vehículos y lugares de trabajo, cuando no hayan cumplido.Independientemente de que se pueda mejorar la situación, por ahora el protocolo va a guiar la actuación de la policía en este materia", concluyó Badilla.

¿Cómo nace la idea del protocolo?

Desde hace varios años el UNFPA ha brindado asesoría al Ministerio de Seguridad en diversos campos: juventud, prevención de VIH/SIDA, elaboración de una política de género, el plan de acción de esa política, un diagnóstico de género, y asesoría en diversos encuentros con mujeres policías.

Por iniciativa del Equipo de Apoyo Técnico (EAT) del UNFPA (cuya sede se encuentra en México) se realizó un estudio sobre el trabajo de la policía en América Latina, en materia de igualdad de género. Se estimó que, en nuestro país, uno de los temas más problemáticos en el Ministerio de Seguridad es el que se refiera a pensiones alimentarias.

La entonces Viceministra de Seguridad, Ana Helena Chacón, pidió una auditoria para ver qué estaba sucediendo, y de dónde venían los problemas que se estaban dando, que en algunos casos tenían que ver con las diferentes denuncias que presentaban las mujeres demandantes y en otras con la falta de recursos para atender el tema de pensiones. Así se vislumbra la necesidad de trabajar en el protocolo.