DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

08-MARZO-2008

Hace un año, el 8 de marzo del 2007, el Estado costarricense presentó la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), documento que detalla el rumbo estratégico en materia de igualdad y equidad para los próximos diez años. Esta política planteó trabajar en función de seis grandes objetivos orientados a correr las fronteras de la desigualdad entre mujeres y hombres, en el período 2007-2017

Ahora viene el segundo gran paso... ¿cómo poner todo esto en práctica y lograr resultados positivos?

Jeanette Carrillo, Directora Ejecutiva del INAMU, hizo la presentación del Plan de Acción de la PIEG. Acompañan en la mesa principal Laura Chinchilla, Vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, diputada, y Patricia Salgado, Representante Auxiliar del UNFPA.

Plan de Acción

Parte del 2007 e inicios del 2008, el INAMU trabajó en un arduo proceso de consultas con diferentes instituciones, organizaciones, y representantes de la sociedad civil, para elaborar el Plan de Acción. Este proceso fue conducido por el INAMU y la empresa PROCESOS y contó con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA). Se realizaron consultas a lo largo de todo el país, en donde se recopiló información, sugerencias y recomendaciones de cuáles serían las mejores formas de cumplir estos objetivos.

Con todos estos insumos se elaboró el Primer Plan de Acción de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, que se ejecutará del 2008 al 2012. A continuación, un resumen de las principales acciones por objetivo:

I. Cuido como responsabilidad social

Que en el 2017 toda mujer que requiera servicios de cuido de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con, al menos, una alternativa de cuido pública, privada o mixta de calidad, dando así pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la valoración del trabajo doméstico.

Para lograr este objetivo, uno de los principales aliados será el Ministerio de Salud, a través de los CEN-CINAI (Centros de Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral). El propósito es que más mujeres, más familias, puedan contar con esta opción de cuido, ampliando y mejorando infraestructura y elevando la calidad del servicio que existe actualmente.

Además, se piensa aumentar la cobertura mediante el aumento en el rango de edad de los niños y niñas que se atienden, la ampliación de horarios y la atención de población no pobre.

El Plan de Acción de la PIEG, también contempla la consecución de este objetivo mediante la promoción de modalidades de cuido a cargo de gobiernos locales, instituciones estatales y empresas privadas. Ya existe una municipalidad (Belén) en donde se iniciará un proyecto piloto de centro de cuido infantil. La idea es replicar los resultados de esta experiencia a otras municipalidades y que sirva de modelo para instituciones estatales y empresas.

El funcionamiento de modalidades de atención a niños y niñas en tiempo no lectivo y en centros educativos es otra importante acción que se plantea, con el apoyo del Ministerio de Educación, entre otros.

La sensibilización en corresponsabilidad social del cuido a actores claves: gobiernos locales, instituciones, sector privado, universidades y medios de comunicación.

Implementar estas acciones es fundamental, en tanto que la falta de alternativas para el cuido de niños y niñas constituye una barrera para que las mujeres accedan y permanezcan en el mundo laboral. Esto no solo les afecta a ellas y a sus familias, sino a la productividad y competitividad del país.

Por otra parte, es imprescindible que la sociedad tome conciencia sobre el valor y la importancia del trabajo doméstico, y que evolucionemos hacia un mayor y mejor reparto de estas tareas, que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres.

Aliados fundamentales para implementar las acciones de este objetivo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Rectoría del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, FODESAF, INAMU, IMAS, PANI.

II. Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos

Que en el 2017 el país haya removido los principales factores que provocan brechas de ingreso entre mujeres y hombres, desempleo y subempleo femenino, en un marco de mejoramiento general del empleo en el país.

A pesar de que las mujeres han incrementado la fuerza laboral del país, esto no significa necesariamente mejores condiciones para ellas, quienes, además, se ven muchas veces expuestas al subempleo y desempleo. Muchas veces las mujeres ganan menos que los hombres, a pesar de hacer el mismo trabajo, y aun teniendo mejor preparación académica.

Aunado a esto, está el tema de que -por las responsabilidades domésticas- muchas tienen que incorporarse al trabajo en jornadas parciales o de medio tiempo, no reconocidas formalmente. Todo esto redunda en un irrespeto hacia los derechos laborales de las mujeres y un incremento en la desigualdad en el país.

Para lograr el objetivo de trabajo remunerado de calidad para las mujeres, entre otros puntos, el Plan de Acción propone:

§ La creación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de derechos laborales y protección laboral de las mujeres frente a situaciones de discriminación laboral (despido por embarazo o lactancia, hostigamiento sexual, acoso laboral y otras).

§ La ampliación de la cobertura contributiva directa de la seguridad social de amas de casa, cuenta propia y empleadas domésticas, y en general en grupos de mujeres en situaciones de discriminación.

§ Fortalecer y aumentar las experiencias en Municipalidades, referentes a la intermediación, orientación e inserción laboral de las mujeres.

Aliados estratégicos para implementar estas acciones: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Asamblea Legislativa, entre otros.

III. Educación y Salud de calidad a favor de la igualdad

Que en el 2017 la totalidad de niñas, niños y adolescentes a partir de edades tempranas, haya sido cubierta por acciones formativas deliberadas, dirigidas a remover estereotipos de género en los patrones de crianza, en la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, que obstaculizan la igualdad entre mujeres y hombres.

Los procesos de educación y socialización que reciben nuestras niñas, niños y adolescentes, no están exentos de estereotipos de género, sesgos sexistas y diversas formas de discriminación, que pueden conducir a reproducir la desigualdad, y en el peor de los casos, la violencia. Ignorar este tema limita las capacidades de desarrollo de mujeres y hombres, contribuye a la segregación laboral, a las brechas de ingreso entre géneros y limita las capacidades de hombres y mujeres de exigir sus derechos.

No se debe olvidar acá el tema de la educación para la sexualidad. La ausencia de información y de programas regulares sobre este tema, limita el acceso de las mujeres y los hombres a la información y el acceso a una salud integral.

Algunas de las acciones delineadas en el Plan de Acción de la PIEG son:

§ Un Programa Permanente de Educación para la Igualdad y la Equidad de Género en el sistema educativo, que incluya la promoción de una educación integral para la sexualidad y una vida sin violencia.

§ Formación de formadores en educación para la sexualidad.

§ Incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en acciones y programas de capacitación y formación en el nivel comunitario, por parte del Consejo de la Persona Joven (CPJ).

Aliados más importantes para desarrollar estas acciones: MEP, Comisión Nacional de Rectores (CONARE), CCSS, Ministerio de Salud, CPJ, IMAS y PANI.

IV. Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia

Que en el 2017 se hayan fortalecido y ampliado los servicios de información y asesoría jurídica públicos y privados, gratuitos y de calidad en todo el país, que les permitan a las mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos y garantizar el respeto de una vida sin violencia.

La violencia contra las mujeres continúa persistiendo como un serio problema nacional.

Es imprescindible que las mujeres costarricenses tengan mejores condiciones para exigir sus derechos. En general, las mujeres tienen un acceso limitado a la asesoría jurídica y representación legal en procesos judiciales, situación que se agrava aun más en el caso de mujeres en condiciones de discriminación extrema (indígenas, con discapacidad, adultas mayores y mujeres pobres).

Para cumplir con este objetivo, se proponen entre otras acciones:

§ Crear un Centro de Información y Orientación en Derechos de las Mujeres.

§ Mejorar el acceso a la justicia y tutela efectiva de derechos de mujeres indígenas y adultas mayores.

Para lograr estos objetivos serán indispensable contar con el apoyo del Poder Judicial y de las universidades.

Otras acciones planteadas:

§ Puesta en marcha de un Modelo local de prevención de la violencia masculina con énfasis en población joven. Este modelo iniciará próximamente en la Municipalidad de Moravia, y se espera que otras municipalidades también puedan adoptarlo.

§ La aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Aliados principales para la puesta en marcha de estas acciones: Poder Judicial, Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, municipalidades, redes locales, MEP, CSSS, MTSS, universidades, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo.

V. Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y lograr una democracia paritaria.

Que en el 2017 el país cuente con una participación política paritaria en todos los espacios de toma de decisión en el Estado, instituciones e instancias gubernamentales y municipales.

§ Fortalecer la participación de las mujeres en los gobiernos estudiantiles.

§ Desarrollar experiencias locales de promoción de liderazgo de mujeres jóvenes.

§ Fortalecer la organización, el liderazgo y la capacidad de incidencia política de las mujeres, con especial énfasis en mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes.

§ Creación de una Red de Mujeres Municipalistas.

§ La promoción de cambios normativos y administrativos y el desarrollo de jurisprudencia para alcanzar la paridad en la participación y representación política.

Estos son algunos de los puntos que plantea el Plan de Acción de la PIEG para lograr esa paridad política, con la que se pueda fortalecer la democracia y promover un cambio social a favor de la igualdad y equidad de género. Las mujeres costarricenses continúan estando subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones públicos y privados. El que las mujeres puedan considerarse ciudadanas activas, manifiesten su liderazgo y su organización y puedan participar en la toma de decisiones que afectan la sociedad, es parte de las garantías que un estado de derecho debe proporcionar, de acuerdo con compromisos nacionales e internacionales asumidos.

Entre el 2008 y 2012, se proponen varias instituciones aliadas para impulsar estas acciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, INAMU, Servicio Civil Poder Judicial, IFAM, DEMUCA, Unión de Gobiernos Locales, MEP, CPJ, universidades, organizaciones sociales y asociaciones de mujeres.

VI. Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género.

Que en el 2017 el país cuente con un INAMU y un conjunto de mecanismos de promoción de la igualdad y equidad de género fortalecidos en sus competencias políticas, técnicas y financieras, que le permitan desarrollar una clara incidencia en la vida nacional.

Para lograr que se cumplan todos los objetivos delineados en la PIEG, es necesario que Costa Rica cuente con un INAMU fortalecido que pueda enrumbar a otras instituciones, y a la sociedad costarricense en general, hacia una sociedad a favor de la igualdad y la equidad de género. Para esto, el Plan de Acción de la PIEG plantea:

§ El impulso de al menos cinco planes estratégicos Municipales de Igualdad y Equidad de Género (se iniciará en Moravia, Belén, Osa, Pococí y San Carlos).

§ Fortalecer el acompañamiento, asesoría y capacitación de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) y de las Unidades de Género de las instituciones públicas. Esto incluye su incorporación en los organigramas y la asignación de recursos humanos y financieros.

Además de este acompañamiento y compromiso de trabajar con las municipalidades, para lograr el cometido de la PIEG se requiere también de:

§ Una estructura política y técnica que coordine la ejecución de la PIEG.

§ Un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la PIEG.

§ Una agenda de investigación como esfuerzo conjunto entre universidades y el INAMU.

§ Un programa de reconocimientos y estímulos para las instituciones públicas y organizaciones privadas que muestren avances en el cumplimento de los objetivos de la PIEG.

Aliados para cumplir este objetivo: MIDEPLAN, Contraloría, Ministerio de Hacienda, INAMU, municipalidades, INEC, Poder Judicial, ministerios e instituciones autónomas, OFIMs, UPEGS, IFAM, Asamblea Legislativa, universidades y Presidencia de la República.

Lograr el cumplimiento del Plan de Acción de la PIEG es una tarea llena de retos, pero sin duda es una labor esperanzadora con miras a lograr mejores condiciones de vida para las mujeres costarricenses, y por ende, para sus familias y la sociedad en general.

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